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La Revolución Libertadora

Lo que ocurrió en la República Argentina durante el período que se inicia el 4 de junio de 1943 y se prolonga hasta el 16 de septiembre de 1955 ilustra cabalmente sobre la inestabilidad de las formas superiores de la convivencia, la frecuente debilidad de las instituciones democráticas, el riesgo que asedia a la libertad y la facilidad con que en nuestra época puede desvanecerse una cultura secular y perderse los más altos valores. Todo lo que parecía definitivamente incorporado al acervo moral y espiritual de la Nación, por obra de los grandes estadistas del pasado y el esfuerzo de varias generaciones, fue agraviado y amenazado y estuvo a punto de desaparecer.
Todas las malas pasiones del alma se exhibieron por el dictador durante su paso por el poder, pero de ellas, la que mostró con más pertinacia en todos los actos y en todas las circunstancias, y que más resplandece es el odio, el odio al pasado histórico; el odio a cualquier forma de superioridad moral o intelectual; el odio a la verdad y la justicia; el odio a los enemigos leales y a los abyectos servidores; el odio a las multitudes atraídas por la demagogia y la corrupción y usadas como meros instrumentos para la conquista del poder. El odio es además una nota tan esencial del régimen que impuso que sin él lo que sucedió carece de lógico y explicación. La clave de la época, lo que ilumina los personajes y los acontecimientos, la razón última de las contradicciones  y los fracasos, es el odio. Hechos tan inauditos como el de la quema de bandera, de los templos, de la sede de los partidos, las bibliotecas y los palacios, son expresión de odio que sin duda el dictador sentía por si mismo, en la intimidad del abismo moral que se debatía.
El daño que causó al país fue inmenso y se extendió tanto a lo espiritual como a lo material. Practicó la demagogia y la corrupción en escala gigantesca; cultivó la envidia y el resentimiento en todos los estratos sociales; impuso la obsecuencia y el servilismo en su partido, los gremios y las organizaciones empresarias y los exigió a la mayoría parlamentaria y a los miembros del Poder Judicial; sojuzgó el periodismo de este diario; degradó la instrucción pública y falsificó la historia; consumió el ahorro nacional y dilapidó las ingentes reservas de oro y divisas acumuladas por anteriores gobiernos; provocó la caída de las exportaciones y desalentó las actividades agropecuarias obligando al pueblo a consumir pan de inferior calidad; utilizó el crimen político, las delaciones y las torturas; ostentó favoritos a los que benefició con dineros públicos; gozó con la morbosa adulación de que fue objeto aceptando que calles, plazas y aún provincias se designaran con su nombre y el de su segunda esposa, y ésta convertida en símbolo de los abusos del régimen, fue utilizada por él despiadadamente para sus fines electorales hasta el momento mismo de su muerte; dividió a los argentinos y enconó a unos ciudadanos contra otros. Afrentó a obispos y sacerdotes, por lo que fue excomulgado, y cuando estalló la Revolución Libertadora huyó cobardemente abandonando a sus seguidores. Se enriqueció en el poder en inaudita medida, utilizando para ello la extorsión hasta la influencia oficial.
La Revolución Libertadora ha quedado incorporada a los fastos de la República, no sólo por el heroísmo de quienes la hicieron y haber clausurado el período más triste de nuestra historia, sino por la obra de reconstrucción moral y material que inició y que, en muchos aspectos, logró realizar y consolidar. Por medio de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu dio un alto ejemplo de dignidad y responsabilidad en el sucesivo desempeño de la presidencia de la Nación, en la época particularmente difícil y compleja que hubo que afrontar. La memorable creación de la Junta Consultiva, organismo concebido para limitar el poder revolucionario, permitió que se le sometieran proyectos y decisiones para que tuvieran proyectos y decisiones para que tuvieran el significativo respaldo político de una adecuada deliberación. En ella se encontraban representados los partidos democráticos por medio de sus hombres más eminentes, presididos por el vicepresidente de la Nación, almirante Isaac F. Rojas. Este dirigió los debates con ecuanimidad y autoridad que emanaban, más que de su cargo, del servicio que había prestado a la Nación durante las jornadas revolucionarias y de su indiscutida jerarquía moral.
El 7 de diciembre de 1955, casi ochenta días después del triunfo de la Revolución Libertadora, el presidente Aramburu y el vicepresidente Rojas, con la firma de todos los ministros, sancionaron directivas básicas en que formularon los principios que inspiraron la acción del gobierno. En ella se dijo que “la finalidad primera y esencial de la Revolución ha sido derrocar el régimen de la dictadura” y que resultaba necesario “suprimir todos los vestigios del totalitarismo para restablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y la democracia”. Se afirmó que “cumplidas las condiciones que permitan o la ciudadanía que permitan a la ciudadanía expresar su voluntad, ella decidirá sobre sus destinos”, que “este gobierno es un gobierno provisional y sus hombres carecen de toda pretensión de continuismo”. Se aclaró que su programa podía sintetizarse así: Enaltecer el prestigio internacional de la República; asegurar el orden y consolidad la paz interior respetando la dignidad de los derechos del hombre; recuperar el equilibrio de la armonía y del mutuo respeto entre los distintos grupos sociales y políticos; desmantelar estructuras y formas totalitarias desintegrando el estado policial; restablecer la austeridad republicana y procesar a los que hubieran delinquido; afianzar la independencia del Poder Judicial; dignificar la administración pública; mantener el respeto a la libertad de cultos; establecer la libertad sindical y la vigencia de una efectiva justicia social; reorganizar la enseñanza con sentido democrático; fortalecer y afianzar el federalismo y las autonomías comunales; sanear la economía y suprimir las trabas que trababan su actividad; procurar una plena ocupación y el acrecentamiento del bienestar social y la solución de los problemas económicos y sociales fundamentales; estimular la industrialización y la prosperidad del agro y el aprovechamiento de los recursos energéticos, y lograr que los sacrificios económicos sean soportados proporcionalmente a las posibilidades de cada uno; por último, crear las condiciones propicias para la inversión de capitales extranjeros que complementen y estimulen el esfuerzo de la producción argentina y sanear la estructura electoral de la Nación.
Este programa fue fielmente seguido en medida en que las circunstancias lo permitieron, con honradez y buena fe.
Pero, sin disputa, el acto más importante del gobierno de la Revolución Libertadora fue la proclama del 27 de abril de 1956, en la cual, después de alejarse de la constancia de que la reforma constitucional de 1949 había sido fruto de la opresión que impidió pronunciarse a varios sectores de la opinión y que resultaba imperativo devolver al pueblo el pleno goce de las instituciones libremente escogidas y menguadamente alteradas, se declaró vigente la Constitución de 1853 con las reformas anteriores a 1949, sin prejuicio de los actos y procedimientos definitivamente concluidos el 16 de septiembre de1955.
El país volvió así a gozar de su auténtica y respetada Constitución inseparable de las formas superiores de convivencia. Además del valor de su contenido jurídico, y de su estilo literario, ella es, sobre todo, un instrumento de gobierno, producto de la dolorosa experiencia y la claridad de juicio de los constituyentes.
Haberlo comprendido así y haberla restablecido es, en consecuencia el título más alto que la Revolución Libertadora puede invocar ante la Historia. Y aún su gobierno se preocupó de obtener la ratificación de lo resuelto por una convención libremente elegida por el pueblo, que el 23 de septiembre de 1957 recibió con prolongados aplausos e incontenible emoción, la declaración solemne de su presidente sobre la sanción adoptada.
La notable obra cumplida por la Revolución Libertadora fue posible también por la gestión de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los que tocó la difícil tarea de velar por la constitucionalidad y legalidad de los actos de un gobierno de origen revolucionario, de modo que pudieran desmantelarse las estructuras totalitarias heredadas y cumplirse la vindicta pública pero respetándose las garantías y derechos de la Ley Fundamental. Solamente la sabiduría y la experiencia de jueces, que además supieron ser verdaderos hombres de Estado, permitieron que los objetivos pudieran alcanzarse. Y cuando la Revolución Libertadora presidió elecciones inobjetables y entrego el poder a los nuevos gobernantes consagrados en los comicios.
El posterior holocausto del general Aramburu, consumado por los enemigos del país, confiere una aureola de trágica grandeza a la Revolución Libertadora, cuyo gobierno él presidiera con tanta dignidad. Las vicisitudes que el país padeció después fueron consecuencia de cálculos interesados o de una deficiente comprensión de los conflictos que surgieron. Culpas y errores, ambiciones y egoísmos, incapacidad y temor causaron que el país nuevamente ensayara el retorno a concepciones totalitarias impuestas por el gran responsable de la frustración nacional. No es ésta la oportunidad de hacer el análisis de lo que sucedió después de la Revolución Libertadora, de adjudicar méritos y responsabilidades y de esclarecer el curso fatal de los acontecimientos, que visto después que se produjeron parece que pudieron ser previstos y evitados. En cambio corresponde, a veinticinco años de la patriótica empresa encabezada por dignos jefes militares y civiles eminentes, recordar que en la crónica de los conflictos que se han suscitado entre los argentinos nunca hubo un pronunciamiento de más alta inspiración previa y más desinteresada ejecución en el gobierno. Porque nuestro pueblo requerí una acción saludable que tuviera fuerza suficiente para recuperarlo de su terrible caída, se explica la deslumbrante jerarquía moral de la Revolución Libertadora.

La Prensa
14/09/1980